El envío de presos mexicanos a Estados Unidos durante el actual sexenio ha tenido un impacto desigual entre las organizaciones criminales, pero ninguna ha resentido tanto la cooperación bilateral como el Cártel de Sinaloa.
El grupo criminal acumula 24 de los 92 integrantes trasladados, una cifra que exhibe la profundidad de la ofensiva judicial contra la estructura que por décadas ha dominado el tráfico de drogas hacia el país de las barras y las estrellas.
Ese golpe se explica por la composición interna de la organización que fue señalada directamente por el gobierno de Estados Unidos, en la administración de Joe Biden, como el principal traficante de fentanilo hacia ese país, en especial brazo armado liderado por Los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
De acuerdo con una revisión de los delincuentes deportados hacia cárceles estadunidenses, nueve de ellos pertenecían al Cártel de Sinaloa antes de la ruptura entre Ismael El Mayo Zambada y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán; mientras que otros siete estaban alineados con la facción de Los Mayos y ocho más con Los Chapitos, lo que obliga a leer el impacto como un solo bloque criminal, pese a sus fracturas internas.
Entre los casos más relevantes figura José Ángel Canobbio Inzunza, El Güerito, identificado como operador armado de Los Chapitos, encargado de la seguridad de rutas, casas de seguridad y sicarios en Culiacán.
También destaca Inés Enrique Torres Acosta, El Kiki Torres, jefe de seguridad del entorno de El Mayo Zambada, pieza clave en la protección de líderes históricos y el resguardo de cargamentos rumbo a Estados Unidos.
A esa lista se suma Hernán Domingo Ojeda López, El Mero Mero, identificado por el gabinete de seguridad como el tío de Ovidio Guzmán y responsable del trasiego de fentanilo desde Sinaloa hacia territorio estadunidense, así como generador de violencia en la sierra.
Su captura y posterior traslado ilustran el énfasis de Washington en perseguir a quienes alimentan la crisis de opioides sintéticos.
